Parece que los políticos de nuestro país han comenzado a usar los servicios de un buen traductor como los de Jti para darse cuenta de lo que pasa en otros países de nuestro entorno con respecto a la fiscalización de los ingresos de la Iglesia y quieren ahora que se fiscalice ese 0,7 por ciento que recibe del IRPF. Parece imposible que no se hubiesen dado cuenta de ello y del coladero que era, así que como es también clave que ahora por fin, gracias a los idiomas y a lo que llega a través de internet, se empiecen a dar cuenta de lo que ocurre en otros países y quieran trasladarlo al nuestro.
El caso es que ahora se ha presentado una propuesta para que se encomiende al Tribunal de Cuentas la fiscalización sobre el sistema de asignación tributaria a la Iglesia Católica a través del 0,7 por ciento de la cuota del IRPF, tras conocerse que el programa de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2017 (aprobado en diciembre con el voto de los consejeros propuestos por el Partido Popular), deja fuera la fiscalización de la Iglesia Católica.
Al final, esta fiscalización del 0,7 por ciento de la casilla de la Iglesia supone que sume más de 1.240 millones entre 2010 y 2015. Por lo que conviene hacer un informe con periodicidad anual, para que todo esté perfectamente controlado y auditado.
En la iniciativa se aduce que las Cortes Generales (a través de la Comisión mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas) tienen la iniciativa para el ejercicio de la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas, y que ésta se extiende al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia y economía, en relación con la ejecución de los presupuestos de ingresos y gastos públicos.
En consecuencia, hay que instar al Tribunal de Cuentas a que incluya en su programa de fiscalizaciones para el año 2017 un informe de fiscalización de los dos últimos ejercicios liquidados sobre el sistema de asignación tributaria a la Iglesia Católica a través del 0,7% de la cuota del IRPF.
De dónde sale ese 0,7 por ciento
Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas pueden optar en su declaración por destinar un porcentaje de su cuota íntegra a colaborar con el sostenimiento económico de la Iglesia católica y a otros fines de interés social. También pueden no ejercer ninguna opción. En todo caso, sea cual sea su decisión respecto de la asignación tributaria, no se modifica la cuantía final del impuesto que pagan o de la devolución a la que tengan derecho.
Según la disposición adicional decimoctava de la Ley 42/2006, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, de acuerdo con la Santa Sede, estable con carácter indefinido y con vigencia desde el 1 de enero de 2007 que el Estado destine al sostenimiento de la Iglesia católica el 0,7 por ciento de la cuota íntegra del IRPF correspondiente a los contribuyentes que manifiesten su voluntad en tal sentido.
En caso de no marcar la casilla de la Iglesia católica (recalcamos católica ya que se ha negado a otras confesiones), este 0,7 por ciento se destina a fines sociales, entre los que se encuentran: la atención a las personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria, la atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral, el fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia, la protección del medio ambiente, y la cooperación al desarrollo.
